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Infancia en Dificultad, una responsabilidad de la Sociedad ESCRIBE: Felipe Martínez Administrador Público, Psicoeducador y Docente

 

 

 

 

 

Colaborar para tener un mejor país es tarea de todos. Sin embargo, cuando pensamos en la infancia en dificultad, sólo nos atenemos a decir como un mantra: “que el Estado se encargue”. En efecto, el Estado sí se ha encargado desde hace más de tres décadas, a partir de 1979, con la creación del Servicio Nacional de Menores - SENAME- pero, no lo ha hecho de forma oportuna ni responsable.

 

Increíble es que en nuestro país aún no se cuente con una ley de infancia, y que la ley de Garantías de la Niñez, destinada a suplir dicho vacío, fuera duramente cuestionada por diversos actores y organismos de la sociedad, que la reputan como inadecuada. Al parecer, los abogados que velan por los cuidados de los menores de edad, aún tendrán que continuar invocando la Convención Internacional de Derechos del Niño, u otros reglamentos foráneos.

 

Actualmente, se está procediendo a una reforma de éste organismo. Tanto es así, que se ha modificado su nombre por el de “Mejor Niñez”. No obstante, los procedimientos nuevos que se han anunciado y que se empiezan a implementar de a poco, no implican necesariamente, un cambio en el abordaje de la problemática, dejando irresolubles los grandes nudos críticos. Éstos son por ejemplo, la sobrecarga laboral que experimentan los profesionales al contar con una elevada cantidad de casos a los que se les debe prestar atención mensualmente; la insuficiente cantidad de abogados para tratar los procesos judiciales; la ley de subvenciones que no sólo aporta montos insuficientes sino que establece un patrón clientelar distorsionado; sueldos también insuficientes, que generan una mayor rotación del personal, rompiendo los vínculos terapéuticos seguidamente; etc.

 

En su lugar, el nuevo organismo ha creado una mayor burocracia, con medidas tendientes a favorecer el autocuidado y la supervisión técnica de los procesos, dejando indemnes los problemas de fondo, que propician la ineficiencia del servicio.

 

Concluimos pues, que el Estado continúa incapacitado para brindar la atención necesaria que requiere la infancia en dificultad. Es la sociedad civil quien debe responder. Agrupaciones sociales, iglesias, fundaciones, son quienes pueden colaborar a un buen nivel, en la superación de éste flagelo. Pero para tener una sociedad civil empoderada, preocupada no sólo de los problemas, sino comprometida con su resolución, necesitamos que el Estado afloje las cuerdas, y permita a los demás actores cumplir su rol.

 

No es que el Estado se desentienda del todo. Sino que reconozca su nula capacidad de gestión en ésta materia, y permita la participación de los demás actores sociales, permitiéndoles obtener recursos por sí mismos, otorgando también un grado de financiamiento, pero manteniendo todo bajo su observación, principalmente en materias de ilegalidades.

 

Chile no necesita un “Estado fuerte” que se encargue de todo, pues claramente no lo hace ni puede hacerlo, Chile necesita una sociedad libre y empoderada, o de lo contrario, todo seguirá transcurriendo tal cual como ahora.